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Madrid, 14 de marzo de 2020 – El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, ante la pandemia de la enfermedad COVID-19, producida por el virus SARS-Cov-2, y la situación generada que ha desembocado en el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, ha solicitado una serie de medidas al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que den tranquilidad a las empresas y faciliten en lo posible la tramitación y la avalancha de expedientes que tenemos que gestionar los profesionales que nos dedicamos a las relaciones laborales y por ello, se adopten las medidas necesarias y de forma urgente, para que todos los trámites administrativos y legales en los que se asientan nuestra legislación laboral y de Seguridad Social se agilicen y simplifiquen al máximo ya que de no hacerse, llevaría a un colapso en nuestros despachos y en la gestión de las relaciones laborales de nuestro país desde este mismo momento.

Los graduados sociales asesoramos a un porcentaje cercano al 80% de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, y a un número similar de trabajadores en todas las cuestiones que requieren un especialista en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, esa es nuestra función principal, el asesoramiento jurídico a empresas y trabajadores en materia laboral y de Seguridad Social, y también en materia fiscal. Por este motivo Ricardo Gabaldón ha trasladado a la Ministra de Trabajo y al Ministro de Seguridad Social que nuestro colectivo está siendo objeto de una extraordinaria cantidad de consultas con la consiguiente toma de decisiones que debemos de afrontar y que bajo nuestra opinión requiere de una serie de medidas urgentes, debido a que a día de hoy, no se da la respuesta adecuada en nuestra normativa laboral. Por ello y al margen de dar respuesta al fondo del asunto, también se debe flexibilizar los trámites y acortar plazos con respecto a la forma de realizarlos.

En base a lo anterior, el Presidente del Consejo General ha trasladado una serie de medidas que se consideran urgentes y necesarias, sin perjuicio de su ampliación por otras que se deban tomar también:

· El pago del 100%, de salario, partiendo de lo establecido en el Real Decreto 6/2020 en situación de IT por accidente de trabajo derivado del coronavirus. Ese 100% debe ir con cargo a un fondo extraordinario, así como la cotización de la empresa.

· Que la tramitación de la baja por accidente y para evitar trámites engorrosos, no requiera de la tramitación por el sistema Delt@.

· Los permisos para el cuidado de hijos y mayores (primer grado), los costes laborales y de Seguridad Social sean con cargo al fondo extraordinario que se cree al efecto.

· Facilitar y fomentar el teletrabajo (de forma excepcional). Entendiéndose cumplida todas las obligaciones, estando de acuerdo trabajador y empresa. Poner en marcha ayudas para impulsar el teletrabajo en las empresas y autónomos para compra de equipos y programas.

· Con respecto a lo señalado anteriormente, flexibilizar los requisitos y obligaciones del registro de jornada laboral, ya que es una situación nueva.

· ERTES y ERES, acortar plazos a cinco días máximo. Reducir igualmente la documentación a presentar, (memoria, actas, etc.) que el trabajador perciba la prestación de desempleo (que deberá ser del 100%), y que vayan con cargo al fondo extraordinario que se cree. Exonerar a la empresa del pago de Seguridad Social en fuerza mayor, considerando como situación de fuerza mayor la actual situación, como mínimo en las zonas geográficas y actividades en las que se ha decretado el cierre obligatorio. Asimismo, que el informe de la Inspección, de forma extraordinaria, no sea preceptivo y no se precise siquiera la constatación de fuerza mayor ya que ésta viene recogida “de facto” por la propia Administración y que sea suficiente y se acepte con una declaración de la empresa sobre el cierre de actividad y una relación nominal de trabajadores afectados. La duración de la temporalidad la establecen las propias administraciones.

· Exonerar o bonificar las cuotas de autónomos que justificadamente tengan que cerrar sus negocios y que dichas cuotas sean abonadas por el fondo extraordinario.

· Ampliación de plazos con respecto a la TGSS, flexibilización en los mismos.

· Facilitar el trabajo y agilizar los trámites de las empresas que gestionamos a los despachos de los Graduados Sociales, ya que tenemos que realizar todos los trámites que van a ser y requerir una dedicación extraordinaria por el ingente trabajo burocrático y también estamos siendo afectados por el virus, tanto el personal de nuestros despachos como en nuestras familias, implantando medidas de prevención como el teletrabajo y todo es más costosos en tiempo y en dinero.

Por otra parte, se ha informado a ambos Ministros que somos conocedores del documento de propuestas conjuntas de las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, y EMPRESARIALES, CEOE y CEPYME, considerando el mismo oportuno en sus planteamientos.
Ricardo Gabaldón a través de los escritos remitidos ha solicitado la aplicación de medidas urgentes, poniendo a disposición de ambos ministerios la colaboración de este Consejo General en lo que se estime necesario en estos difíciles momentos, pues todos juntos conseguiremos vencer a este virus.