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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 115-1, de 01/12/2006
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
1 de diciembre de 2006 Núm. 115-1
PROYECTO DE LEY
121/000115 Estatuto del trabajo autónomo.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(121) Proyecto de ley
121/000115 AUTOR: Gobierno.
Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo.
Acuerdo:
Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al
artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles,
que finalizan el día 21 de diciembre de 2006.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2006.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO
Exposición de motivos El trabajo autónomo se ha venido configurando tradicionalmente dentro de
un marco de relaciones jurídicas propio del derecho privado, por lo que
las referencias normativas al mismo se hallan dispersas a lo largo de todo
el Ordenamiento Jurídico.
En este sentido, la Constitución, sin hacer una referencia expresa al
trabajo por cuenta propia, recoge en algunos de sus preceptos derechos
aplicables a los trabajadores autónomos. Así, el artículo 38 de la
Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía
de mercado; el artículo 35, en su apartado 1, reconoce para todos los
españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a
una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de
sexo; el artículo 40, en su apartado 2, establece que los poderes públicos
fomentarán una política que garantice la formación y readaptación
profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y
garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros
adecuados; finalmente, el artículo 41 encomienda a los poderes públicos el
mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad.
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Estas referencias constitucionales no tienen por qué circunscribirse al
trabajo por cuenta ajena, pues la propia Constitución así lo determina
cuando se emplea el término "españoles" en el artículo 35 o el de
"ciudadanos" en el artículo 41, o cuando encomienda a los poderes públicos
la ejecución de determinadas políticas, artículo 40, sin precisar que sus
destinatarios deban ser exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena.
Las referencias a la actividad por cuenta propia en nuestro Ordenamiento
Jurídico se encuentran dispersas, como ya se ha señalado. En el ámbito
social podemos destacar, en materia de Seguridad Social, normas como la
Ley General de la Seguridad Social, el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto,
que regula el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos y otras disposiciones de desarrollo, y en materia de prevención
de riesgos laborales hay que referirse a la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, así como otras disposiciones de desarrollo.
La Unión Europea, por su parte, ha tratado el trabajo autónomo en
instrumentos normativos tales como la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de
11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad
autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la
protección de la maternidad, que da una definición de trabajador autónomo
en su artículo 2.a), o en la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de
2003 relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en
el trabajo de los trabajadores autónomos.
El derecho comparado de los países de nuestro entorno no dispone de
ejemplos sobre una regulación del trabajo autónomo como tal. En los países
de la Unión Europea sucede lo mismo que en España: las referencias a la
figura del trabajador autónomo se encuentran dispersas por toda la
legislación social, especialmente la legislación de seguridad social y de
prevención de riesgos. En este sentido, cabe resaltar la importancia que
tiene el presente Proyecto de Ley, pues se trata del primer ejemplo de
regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión
Europea, lo que sin duda constituye un hito en nuestro ordenamiento
jurídico.
II
Desde el punto de vista económico y social no puede decirse que la figura
del trabajador autónomo actual coincida con la de hace algunas décadas. A
lo largo del siglo pasado el trabajo era, por definición, el dependiente y
asalariado, ajeno a los frutos y a los riesgos de cualquier actividad
emprendedora. Desde esa perspectiva, el autoempleo o trabajo autónomo
tenía un carácter circunscrito, en muchas ocasiones, a actividades de
escasa rentabilidad, de reducida dimensión y que no precisaban de una
fuerte inversión financiera, como por ejemplo la agricultura, la artesanía
o el pequeño comercio. En la actualidad la situación es diferente, pues el
trabajo autónomo prolifera en países de elevado nivel de renta, en
actividades de alto valor añadido, como consecuencia de los nuevos
desarrollos organizativos y la difusión de la informática y las
telecomunicaciones, y constituye una libre elección para muchas personas
que valoran su autodeterminación y su capacidad para no depender de nadie.
Esta circunstancia ha dado lugar a que en los últimos años sean cada vez
más importantes y numerosas en el tráfico jurídico y en la realidad
social, junto a la figura de lo que podríamos denominar autónomo clásico,
titular de un establecimiento comercial, agricultor y profesionales
diversos, otras figuras tan heterogéneas, como los emprendedores, personas
que se encuentran en una fase inicial y de despegue de una actividad
económica o profesional, los autónomos económicamente dependientes, los
socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales o los
administradores de sociedades mercantiles que poseen el control efectivo
de las mismas.
En la actualidad, a 30 de junio de 2006, el número de autónomos afiliados
a la Seguridad Social asciende a 3.315.707, distribuidos en el Régimen
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el Régimen
Especial Agrario y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. De
ellos, 2.213.636 corresponden a personas físicas que realizan actividades
profesionales en los distintos sectores económicos.
Partiendo de este último colectivo, es muy significativo señalar que
1.755.703 autónomos no tienen asalariados y que del colectivo restante
457.933, algo más de 330.000 sólo tienen uno o dos asalariados. Es decir,
el 94 por ciento de los autónomos que realizan una actividad profesional o
económica sin el marco jurídico de empresa no tienen asalariados o sólo
tienen uno o dos.
Estamos en presencia de un amplio colectivo que realiza un trabajo
profesional arriesgando sus propios recursos económicos y aportando su
trabajo personal, y que en su mayoría lo hace sin la ayuda de ningún
asalariado. Se trata, en definitiva, de un colectivo que demanda un nivel
de protección social semejante al que tienen los trabajadores por cuenta
ajena.
El Gobierno, sensible ante esta evolución del trabajo autónomo, ya se
comprometió en la Sesión de Investidura de su Presidente a aprobar durante
esta Legislatura un Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Como
consecuencia de ello el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acordó
constituir una Comisión de Expertos a la que encomendó una doble tarea: de
un lado, efectuar un diagnóstico y evaluación sobre la situación económica
del trabajo autónomo en España y, de otro, analizar el régimen jurídico y
de protección social de los trabajadores autónomos, elaborando al tiempo
una propuesta de Estatuto del Trabajador Autónomo. Los trabajos de la
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Comisión culminaron con la entrega de un extenso y documentado Informe,
acompañado de una propuesta de Estatuto, en el mes de octubre de 2005.
Paralelamente, la Disposición Adicional Sexagésima Novena de la Ley
30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2006 incorporaba el mandato al Gobierno de presentar al Congreso de
los Diputados, en el plazo de un año, un Proyecto de Ley de Estatuto del
Trabajador Autónomo en el que se defina el trabajo autónomo y se
contemplen los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos, su
nivel de protección social, las relaciones laborales y la política de
fomento del empleo autónomo, así como la figura del trabajador autónomo
dependiente.
Finalmente, mediante la Resolución número 15 del Debate sobre el Estado de
la Nación de 2006, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
presentar durante ese año el Proyecto de Ley del Estatuto del Trabajador
Autónomo, para avanzar en la equiparación, en los términos contemplados en
la Recomendación número 4 del Pacto de Toledo, del nivel de protección
social de los trabajadores autónomos con el de los trabajadores por cuenta
ajena.
III
La presente Ley constituye el resultado del cumplimiento de los anteriores
mandatos. Para su elaboración se ha consultado a las organizaciones
sindicales y empresariales, así como a las asociaciones de trabajadores
autónomos.
La Ley consta de 29 artículos, encuadrados en cinco títulos, más cuatro
disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro
finales.
El Título I delimita el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley,
estableciendo la definición genérica de trabajador autónomo y añadiendo
los colectivos específicos incluidos y excluidos.
El Título II regula el régimen profesional del trabajador autónomo en tres
capítulos. El Capítulo I establece las fuentes de dicho régimen
profesional dejando clara la naturaleza civil o mercantil de las
relaciones jurídicas establecidas entre el autónomo y la persona o entidad
con la que contrate. El apartado 2 del artículo 3 introduce los acuerdos
de interés profesional para los trabajadores autónomos económicamente
dependientes, novedad importante creada por la Ley.
El Capítulo II se refiere al régimen profesional común para todos los
trabajadores autónomos y establece un catálogo de derechos y deberes, así
como las normas en materia de prevención de riesgos laborales, protección
de menores y las garantías económicas.
El Capítulo III reconoce y regula la figura del trabajador autónomo
económicamente dependiente. Su regulación obedece a la necesidad de dar
cobertura legal a una realidad social: la existencia de un colectivo de
trabajadores autónomos que, no obstante su autonomía funcional,
desarrollan su actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia
económica del empresario o cliente que los contrata. La Ley contempla el
supuesto en que este empresario es su principal cliente y de él proviene,
al menos, el 75 por ciento de los ingresos del trabajador. Según los datos
suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2004,
ascienden a 285.600 los empresarios sin asalariados que trabajan para una
única empresa o cliente. La cifra es importante, pero lo significativo es
que este colectivo se ha incrementado en un 33 por ciento desde el año
2001.
A la vista de la realidad anteriormente descrita, la introducción de la
figura del trabajador autónomo económicamente dependiente ha planteado la
necesidad de prevenir la posible utilización indebida de dicha figura,
dado que nos movemos en una frontera no siempre precisa entre la figura
del autónomo clásico, el autónomo económicamente dependiente y el
trabajador por cuenta ajena.
La intención del legislador es eliminar esas zonas fronterizas grises
entre las tres categorías. De ahí que el artículo 11, al definir el
trabajador autónomo económicamente dependiente sea muy restrictivo,
delimitando conforme a criterios objetivos los supuestos en que la
actividad se ejecuta fuera del ámbito de organización y dirección del
cliente que contrata al autónomo.
El resto del Capítulo III establece una regulación garantista para el
trabajador autónomo económicamente dependiente, en virtud de esa situación
de dependencia económica, sin perjuicio de que opere como norma general en
las relaciones entre éste y su cliente el principio de autonomía de la
voluntad. En este sentido, el reconocimiento de los acuerdos de interés
profesional, en el artículo 13, al que se aludía en el Capítulo dedicado a
las fuentes, no supone trasladar la negociación colectiva a este ámbito,
sino simplemente reconocer la posibilidad de existencia de un acuerdo que
trascienda del mero contrato individual, pero con eficacia personal
limitada, pues sólo vincula a los firmantes del acuerdo.
El recurso a la Jurisdicción Social previsto en el artículo 17 se
justifica porque la configuración jurídica del trabajador autónomo
económicamente dependiente se ha diseñado teniendo en cuenta los criterios
que de forma reiterada ha venido estableciendo la Jurisprudencia de dicha
Jurisdicción. La Jurisprudencia ha definido una serie de criterios para
distinguir entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta
ajena. La dependencia económica que la Ley reconoce al trabajador autónomo
económicamente dependiente no debe llevar a equívoco: se trata de un
trabajador autónomo, y esa dependencia económica en ningún caso debe
implicar dependencia organizativa ni ajenidad. Las cuestiones litigiosas
propias del contrato civil o mercantil celebrado entre el autónomo
económicamente dependiente y su cliente van a estar estrechamente ligadas
a la propia naturaleza de la figura de aquél, de tal forma que las
pretensiones ligadas al contrato siempre van a juzgarse en conexión con el
hecho de si el trabajador autónomo es realmente económicamente dependiente
o no, según
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cumpla o no con los requisitos establecidos en la Ley. Y esta
circunstancia, nuclear en todo litigio, ha de ser conocida por la
Jurisdicción Social.
IV
El Título III regula los derechos colectivos de todos los trabajadores
autónomos, definiendo la representatividad de sus asociaciones conforme a
los criterios objetivos, establecidos en el artículo 21 y creando el
Consejo Estatal del Trabajo Autónomo como órgano consultivo del Gobierno
en materia socioeconómica y profesional referida al sector en el artículo
22.
El Título IV establece los principios generales en materia de protección
social, recogiendo las normas generales sobre afiliación, cotización y
acción protectora de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos.
Es de destacar que se reconoce la posibilidad de establecer reducciones o
bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad
Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos, en atención
a sus circunstancias personales o a las características profesionales de
la actividad ejercida. Se extiende a los trabajadores autónomos
económicamente dependientes la protección por las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se reconoce la
posibilidad de jubilación anticipada para aquellos trabajadores autónomos
que desarrollen una actividad tóxica, peligrosa o penosa, en las mismas
condiciones previstas para el Régimen General. Se trata de medidas que,
junto con las previstas en las disposiciones adicionales, tienden a
favorecer la convergencia del Régimen Especial de Trabajadores Por Cuenta
Propia o Autónomos con el Régimen General.
Finalmente, el Título V está dedicado al fomento y promoción del trabajo
autónomo, estableciendo medidas dirigidas a promover la cultura
emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, a
impulsar la formación profesional y a favorecer el trabajo autónomo
mediante una política fiscal adecuada. Se trata, pues, de las líneas
generales de lo que deben ser las políticas activas de fomento del
autoempleo, líneas que han de ser materializadas y desarrolladas en
función de la realidad socioeconómica.
V
La disposición adicional primera se refiere a la reforma del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Las modificaciones son las
estrictamente necesarias como consecuencia de la inclusión de las
controversias derivadas de los contratos de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes en el ámbito de la Jurisdicción Social. En
coherencia con ello, también se establece la obligatoriedad de la
conciliación previa no sólo ante el servicio administrativo
correspondiente, sino también ante el órgano que eventualmente se haya
podido crear mediante acuerdo de interés profesional.
La disposición adicional segunda supone el reconocimiento para que ciertos
colectivos o actividades gocen de peculiaridades en materia de cotización,
como complemento de las medidas de fomento del autoempleo. Se hace un
mandato concreto para establecer reducciones en la cotización de los
siguientes colectivos de trabajadores autónomos: los que ejercen una
actividad por cuenta propia junto con otra actividad por cuenta ajena, de
tal modo que la suma de ambas cotizaciones supera la base máxima, los
hijos de trabajadores autónomos menores de 30 años que inician una labor
en la actividad familiar y los trabajadores autónomos que se dediquen a la
venta ambulante o a la venta a domicilio.
La disposición adicional tercera recoge la obligación de que en el futuro
todos los trabajadores autónomos que no lo hayan hecho tengan que optar
por la cobertura de la incapacidad temporal, medida que favorece la
convergencia con el Régimen General, así como la necesidad de llevar a
cabo un estudio sobre las profesiones o actividades con mayor
siniestralidad, en las que los colectivos de autónomos afectados deberán
cubrir las contingencias profesionales.
La disposición adicional cuarta regula la prestación por cese de
actividad. Recoge el compromiso del Gobierno para que, siempre que estén
garantizados los principios de contributividad, solidaridad y
sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias
de los trabajadores autónomos, proponga a las Cortes Generales la
regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad
para los mismos, en función de sus características personales o de la
naturaleza de la actividad ejercida.
La disposición adicional quinta especifica que lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 23, en los artículos 24 a 26 y en el párrafo c), apartado 2
del artículo 27, así como en las disposiciones adicionales segunda y
tercera y en la disposición final segunda de la presente Ley no serán de
aplicación a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que, en los
términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley
30/1995, de supervisión y ordenación de los seguros privados, hayan optado
u opten en el futuro por adscribirse a la Mutualidad de Previsión Social
que tenga constituida el Colegio Profesional al que pertenezcan y que
actúe como alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Finalmente, la disposición adicional sexta establece la necesidad de
adecuación de la norma a las competencias autonómicas relativas a
representatividad y registro especial de las asociaciones profesionales de
trabajadores autónomos en el ámbito territorial autonómico.
La disposición final primera establece el título competencial que habilita
al Estado a dictar esta Ley. En
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concreto la Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.5.ª, legislación sobre Administración de Justicia, 6.ª, legislación
mercantil y procesal, 7.ª, legislación laboral, 8.ª, legislación civil y
17.ª, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
La disposición final segunda recoge el principio general del Pacto de
Toledo de lograr la equiparación en aportaciones, derechos y obligaciones
de los trabajadores autónomos con los trabajadores por cuenta ajena
incluidos en el Régimen General.
La disposición final tercera habilita al Gobierno para dictar las
disposiciones reglamentarias de ejecución y desarrollo necesarias para la
aplicación de la Ley.
La disposición final cuarta establece una "vacatio legis" de tres meses,
plazo que se considera adecuado para la entrada en vigor de la Ley.
TÍTULO I
Ámbito de aplicación subjetivo Artículo 1. Supuestos incluidos.
1. La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen
de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito
de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o
profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por
cuenta ajena.
También será de aplicación esta Ley a los trabajos, realizados de forma
habitual, por familiares de las personas definidas en el párrafo anterior
que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo
establecido en el artículo 1.3.e) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo.
2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación de
esta Ley, siempre que cumplan los requisitos a los que se refiere el
apartado anterior:
a) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de
sociedades comanditarias.
b) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades
civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera
administración de los bienes puestos en común.
c) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el
desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros
servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de
forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo,
directo o indirecto de aquélla, en los términos previstos en la
disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio.
d) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se
refiere el Capítulo III del Título II de la presente Ley.
e) Cualquier otra persona que cumpla con los requisitos establecidos en el
artículo 1.1 de la presente Ley.
3. Las inclusiones a las que se refiere el apartado anterior se entenderán
sin perjuicio de la aplicación de sus respectivas normas específicas.
4. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores autónomos
extranjeros que reúnan los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.
Artículo 2. Supuestos excluidos.
Se entenderán expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la
presente Ley, aquellas prestaciones de servicios que no cumplan con los
requisitos del artículo 1.1, y en especial:
a) Las relaciones de trabajo por cuenta ajena a que se refiere el artículo
1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
b) La actividad que se limita pura y simplemente al mero desempeño del
cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, de conformidad con lo
establecido en el articulo 1.3.c) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo.
c) Las relaciones laborales de carácter especial a las que se refiere el
artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y
disposiciones complementarias.
TÍTULO II
Régimen profesional del trabajador autónomo CAPÍTULO I Fuentes del régimen profesional Artículo 3. Fuentes del régimen profesional.
1. El régimen profesional del trabajador autónomo se regirá por:
a) Las disposiciones contempladas en la presente Ley, en lo que no se
opongan a las legislaciones específicas aplicables a su actividad así como
al resto de las
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normas legales y reglamentarias complementarias que sean de aplicación.
b) La normativa común relativa a la contratación civil, mercantil o
administrativa reguladora de la correspondiente relación jurídica del
trabajador autónomo.
c) Los pactos establecidos individualmente mediante contrato entre el
trabajador autónomo y el cliente para el que desarrolle su actividad
profesional. Se entenderán nulas y sin efectos las cláusulas establecidas
en el contrato individual contrarias a las disposiciones legales de
derecho necesario.
d) Los usos y costumbres locales y profesionales.
2. Los acuerdos de interés profesional serán, asimismo, fuente del régimen
profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Toda cláusula del contrato individual de un trabajador autónomo
económicamente dependiente afiliado a un sindicato o asociado a una
organización de autónomos, será nula cuando contravenga lo dispuesto en un
acuerdo de interés profesional firmado por dicho sindicato o asociación
que le sea de aplicación a dicho trabajador por haber prestado su
consentimiento.
3. En virtud de lo dispuesto en la disposición final primera del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, el trabajo realizado por
cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en
aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente.
CAPÍTULO II
Régimen profesional común del trabajador autónomo Artículo 4. Derechos profesionales.
1. Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los derechos
fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución
Española y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por
España sobre la materia.
2. El trabajador autónomo tiene los siguientes derechos básicos
individuales, con el contenido y alcance que para cada uno de ellos
disponga su normativa específica:
a) Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
b) Libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia.
c) Derecho de propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones
protegidas.
3. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autónomos
tienen los siguientes derechos individuales:
a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o
indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo,
edad, estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad,
orientación sexual, lengua dentro del Estado español o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
b) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad,
así como a una adecuada protección frente al acoso sexual y al acoso por
razón de sexo o por cualquier otra circunstancia o condición personal o
social.
c) A la formación y readaptación profesionales.
d) A su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y
salud en el trabajo.
e) A la percepción puntual de la contraprestación económica convenida por
el ejercicio profesional de su actividad.
f) A la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y
familiar.
g) A la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, de conformidad con la legislación de la Seguridad Social.
h) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad
profesional.
i) A la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales, así como
al acceso a los medios extrajudiciales de solución de conflictos.
j) Cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos
celebrados.
Artículo 5. Deberes profesionales básicos.
Son deberes profesionales básicos de los trabajadores autónomos los
siguientes:
a) Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos
celebrados, a tenor de los mismos, y con las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y a la ley.
b) Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales
que la ley les imponga.
c) Afiliarse, comunicar las altas y bajas y cotizar al régimen de la
Seguridad Social en los términos previstos en la legislación
correspondiente.
d) Cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias establecidas
legalmente.
e) Cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación
aplicable.
Artículo 6. Derecho a la no discriminación y garantía de los derechos
fundamentales y libertades públicas.
1. Los poderes públicos deben garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador autónomo.
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2. Los poderes públicos y quienes contraten la actividad profesional de
los trabajadores autónomos quedan sometidos a la prohibición de
discriminación, tanto directa como indirecta, de dichos trabajadores. La
prohibición de discriminación afectará tanto a la libre iniciativa
económica y a la contratación, como a las condiciones del ejercicio
profesional.
3. Cualquier trabajador autónomo, las asociaciones que lo representen o
los sindicatos que consideren lesionados sus derechos fundamentales o la
concurrencia de un tratamiento discriminatorio podrán recabar la tutela
del derecho ante el orden jurisdiccional competente por razón de la
materia, mediante un procedimiento sumario y preferente. Si el órgano
judicial estimara probada la vulneración del derecho denunciado, declarará
la nulidad radical y el cese inmediato de la conducta y, cuando proceda,
la reposición de la situación al momento anterior a producirse, así como
la reparación de las consecuencias derivadas del acto.
4. Las cláusulas contractuales que vulneren el derecho a la no
discriminación o cualquier derecho fundamental serán nulas y se tendrán
por no puestas. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas
integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del
Código Civil y, en su caso, determinará la indemnización correspondiente
por los perjuicios sufridos.
5. En relación con el derecho a la igualdad y no discriminación por razón
de sexo se estará a lo previsto en la normativa sobre igualdad entre
mujeres y hombres.
Artículo 7. Forma y duración del contrato.
1. Los contratos que concierten los trabajadores autónomos de ejecución de
su actividad profesional podrán celebrarse por escrito o de palabra. Cada
una de las partes podrá exigir de la otra, en cualquier momento, la
formalización del contrato por escrito.
2. El contrato podrá celebrarse para la ejecución de una obra o serie de
ellas, o para la prestación de uno o más servicios y tendrá la duración
que las partes acuerden.
Artículo 8. Prevención de riesgos laborales.
1. Las Administraciones Públicas competentes asumirán un papel activo en
relación con la prevención de riesgos laborales de los trabajadores
autónomos, por medio de actividades de promoción de la prevención,
asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los
trabajadores autónomos de la normativa de prevención de riesgos laborales.
2. Las Administraciones Públicas competentes promoverán una formación en
prevención específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores
autónomos.
3. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores autónomos y trabajadores de otra u otras empresas, así como
cuando los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en los
locales o centros de trabajo de las empresas para las que presten
servicios, serán de aplicación para todos ellos los deberes de
cooperación, información e instrucción previstos en los apartados 1 y 2
del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
4. Las empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y
que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por estos
trabajadores.
5. Cuando los trabajadores autónomos deban operar con maquinaria, equipos,
productos, materias o útiles proporcionados por la empresa para la que
ejecutan su actividad profesional, pero no realicen esa actividad en el
centro de trabajo de tal empresa, ésta asumirá las obligaciones
consignadas en el último párrafo del artículo 41.1 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
6. En el caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en
los apartados 3 a 5 del presente artículo, asumirán las obligaciones
indemnizatorias de los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando
haya relación causal directa entre tales incumplimientos y los perjuicios
y daños causados.
La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior, que
recaerá directamente sobre el empresario infractor, lo será con
independencia de que el trabajador autónomo se haya acogido o no a las
prestaciones por contingencias profesionales.
7. El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y
abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que
dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud.
8. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán sin
perjuicio de las obligaciones legales establecidas para los trabajadores
autónomos con asalariados a su cargo en su condición de empresarios.
Artículo 9. Protección de menores.
1. Los menores de dieciséis años no podrán ejecutar trabajo autónomo ni
actividad profesional, ni incluso para familiares.
2. En el caso de prestaciones de servicios en espectáculos públicos por
parte de los menores de dieciséis años, será obligatorio solicitar
autorización expresa y singularizada a la Autoridad laboral, que la
concederá siempre que no supongan peligro para su salud física o psíquica,
ni sean incompatibles con su formación escolar y humana. La autorización
deberá constar por escrito y para actos determinados.
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Artículo 10. Garantías económicas
1. Los trabajadores autónomos tienen derecho a la percepción de la
contraprestación económica por la ejecución del contrato en el tiempo y la
forma convenidos y de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
2. Cuando el trabajador autónomo ejecute su actividad profesional para un
contratista o subcontratista, tendrá acción contra el empresario
principal, hasta el importe de la deuda que éste adeude a aquél al tiempo
de la reclamación, salvo que se trate de construcciones, reparaciones o
servicios contratados en el seno del hogar familiar.
3. En materia de garantía del cobro de los créditos por el trabajo
personal del trabajador autónomo se estará a lo dispuesto en la normativa
civil y mercantil sobre privilegios y preferencias, así como en la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, quedando en todo caso los trabajadores
autónomos económicamente dependientes sujetos a la situación de privilegio
general recogida en el artículo 91.3 de dicha ley.
4. El trabajador autónomo responderá de sus obligaciones con todos sus
bienes presentes y futuros, sin perjuicio de la inembargabilidad de los
bienes establecida en los artículos 605, 606 y 607 de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil.
CAPÍTULO III
Régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo.
1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se
refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos que realizan
una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma
habitual, personal, directa y predominante para una persona física o
jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir
de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de
trabajo y de actividades económicas o profesionales.
2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional como
trabajador autónomo económicamente dependiente, éste deberá reunir
simultáneamente las siguientes condiciones:
a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o
subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la
actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de
las actividades que pudiera contratar con otros clientes.
b) No ejecutar su actividad de manera conjunta e indiferenciada con los
trabajadores que presten servicios bajo cualquier forma contractual por
cuenta del cliente.
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios
para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente,
cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.
d) Desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin
perjuicio de las indicaciones técnicas de carácter general que pueda
recibir de su cliente.
e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su
actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo
y ventura de aquélla.
3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales
y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que
ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo
cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún
caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente
dependientes.
Artículo 12. Contrato.
1. El contrato para la realización de la actividad profesional del
trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste y su
cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en
la oficina pública correspondiente. Dicho registro no tendrá carácter
público.
Reglamentariamente se regularán las características de dichos contratos y
del Registro en el que deberán inscribirse, así como las condiciones para
que los representantes legales de los trabajadores tengan acceso a la
información de los contratos que su empresa celebre con trabajadores
autónomos económicamente dependientes. De dicha información se excluirá,
en todo caso, el número del documento nacional de identidad, el domicilio,
el estado civil y cualquier otro dato que, de acuerdo con la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la intimidad personal.
2. El trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente en el contrato
su condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le
contrate, así como las variaciones que se produjeran al respecto. La
condición de dependiente sólo se podrá ostentar respecto de un único
cliente.
3. En el supuesto de un trabajador autónomo que contratase con varios
clientes su actividad profesional o la prestación de sus servicios, cuando
se produjera una circunstancia sobrevenida, cuya consecuencia derivara en
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 11, se
respetará íntegramente el contrato firmado entre ambas partes hasta la
extinción del mismo, salvo que éstas acordasen modificarlo
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para actualizarlo a las nuevas condiciones que corresponden a un
trabajador autónomo económicamente dependiente.
4. Cuando en el contrato no se hubiera fijado una duración o un servicio
determinado, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contrato ha
sido pactado por tiempo indefinido.
Artículo 13. Acuerdos de interés profesional.
1. Los acuerdos de interés profesional previstos en el apartado 2 del
artículo 3 de la presente Ley, concertados entre las asociaciones o
sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente
dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad podrán
establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha
actividad, así como otras condiciones generales de contratación. En todo
caso, los acuerdos de interés profesional observarán los límites del
artículo 1.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, salvo que reúnan las condiciones previstas en el artículo 3.1
de dicha Ley.
2. Los acuerdos de interés profesional deberán concertarse por escrito.
3. Se entenderán nulas y sin efectos las cláusulas de los acuerdos de
interés profesional contrarias a disposiciones legales de derecho
necesario.
4. Los acuerdos de interés profesional se pactarán al amparo de las
disposiciones del Código Civil. La eficacia personal de dichos acuerdos se
limitará a las partes firmantes y, en su caso, a los afiliados a las
asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado
expresamente su consentimiento para ello.
Artículo 14. Jornada de la actividad profesional.
1. El trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá derecho a una
interrupción de su actividad anual de 15 días hábiles, sin perjuicio de
que dicho régimen pueda ser mejorado mediante contrato entre las partes o
mediante acuerdos de interés profesional.
2. Mediante contrato individual o acuerdo de interés profesional se
determinará el régimen de descanso semanal y el correspondiente a los
festivos, la cuantía máxima de la jornada de actividad y, en el caso de
que la misma se compute por mes o año, su distribución semanal.
3. La realización de actividad por tiempo superior al pactado
contractualmente será voluntaria en todo caso, no pudiendo exceder del
incremento máximo establecido mediante acuerdo de interés profesional. En
ausencia de acuerdo de interés profesional, el incremento no podrá exceder
del 30 por ciento del tiempo ordinario de actividad individualmente
acordado.
4. El horario de actividad procurará adaptarse a los efectos de poder
conciliar la vida personal, familiar y profesional del trabajador autónomo
económicamente dependiente.
Artículo 15. Extinción contractual.
1. La relación contractual entre las partes se extinguirá por alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas
constituyan abuso de derecho manifiesto.
c) Muerte, jubilación o invalidez, incompatibles con la actividad
profesional, conforme a la correspondiente legislación de Seguridad
Social.
d) Desistimiento del trabajador autónomo económicamente dependiente,
debiendo en tal caso mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y
costumbres.
e) Voluntad del trabajador autónomo económicamente dependiente, fundada en
un incumplimiento contractual grave de la contraparte.
f) Voluntad del cliente por causa justificada, debiendo mediar el preaviso
estipulado o conforme a los usos y costumbres.
g) Cualquier otra causa legalmente establecida.
2. Cuando la resolución contractual se produzca por la voluntad de una de
las partes fundada en un incumplimiento contractual de la otra, quien
resuelva el contrato tendrá derecho a percibir la correspondiente
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
3. Cuando la resolución del contrato se produzca por voluntad del cliente
sin causa justificada, el trabajador autónomo económicamente dependiente
tendrá derecho a percibir la indemnización prevista en el apartado
anterior.
Si la resolución se produce por desistimiento del trabajador autónomo
económicamente dependiente, y sin perjuicio del preaviso previsto en el
párrafo d) del apartado 1 del presente artículo, el cliente podrá ser
indemnizado cuando dicho desistimiento le ocasione un perjuicio importante
que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad.
4. Cuando la parte que tenga derecho a la indemnización sea el trabajador
autónomo económicamente dependiente, a los efectos de determinar su
cuantía se tomarán en consideración, entre otros factores, el tiempo
restante previsto de duración del contrato, la gravedad del incumplimiento
del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el trabajador
autónomo económicamente dependiente vinculados a la ejecución de la
actividad profesional contratada y el plazo de preaviso otorgado por el
cliente sobre la fecha de extinción del contrato.
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Artículo 16. Interrupciones justificadas de la actividad profesional.
1. Se considerarán causas debidamente justificadas de interrupción de la
actividad por parte del trabajador económicamente dependiente las fundadas
en:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) La necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes,
sobrevenidas e imprevisibles.
c) El riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador
autónomo, según lo previsto en el apartado 7 del artículo 8 de la presente
Ley.
d) Incapacidad temporal del trabajador.
e) Fuerza mayor.
2. Mediante contrato o acuerdo de interés profesional podrán fijarse otras
causas de interrupción justificada de la actividad profesional.
3. Las causas de interrupción de la actividad previstas en los apartados
anteriores no podrán fundamentar la extinción contractual por voluntad del
cliente prevista en la letra f) del apartado 1 del artículo anterior, todo
ello sin perjuicio de otros efectos que para dichos supuestos puedan
acordar las partes. Si el cliente diera por extinguido el contrato, tal
circunstancia se consideraría como una falta de justificación a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior.
No obstante, cuando en los supuestos contemplados en las letras d) y e)
del apartado 1 la interrupción ocasione un perjuicio importante al cliente
que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad, podrá
considerarse justificada la extinción del contrato, a efectos de lo
dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo anterior.
Artículo 17. Competencia jurisdiccional.
1. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes
para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado entre un
trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente.
2. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán también los
competentes para conocer de todas las cuestiones derivadas de la
aplicación e interpretación de los acuerdos de interés profesional, sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación de defensa de la competencia.
Artículo 18. Procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos.
1. Será requisito previo para la tramitación de acciones judiciales en
relación con el régimen profesional de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes el intento de conciliación o mediación ante el
órgano administrativo que asuma estas funciones. No obstante, a tales
efectos, los acuerdos de interés profesional a los que se refiere el
artículo 13 de la presente Ley podrán instituir órganos específicos de
solución de conflictos.
2. Los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos
estarán basados en los principios de gratuidad, celeridad, agilidad y
efectividad.
3. Lo acordado en avenencia tendrá fuerza ejecutiva entre las partes
intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el órgano judicial,
pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias.
4. Las partes podrán igualmente someter sus discrepancias a arbitraje
voluntario. Se entenderán equiparados a las sentencias firmes los laudos
arbitrales igualmente firmes dictados al efecto. El procedimiento arbitral
se someterá a lo pactado entre las partes o al régimen que en su caso se
pueda establecer mediante acuerdo de interés profesional, entendiéndose
aplicable, en su defecto, la regulación contenida en la Ley 60/2003, de 23
de diciembre, de Arbitraje, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de Transportes Terrestres o en cualquier otra normativa específica o
sectorial.
TÍTULO III
Derechos colectivos del trabajador autónomo Artículo 19. Derechos colectivos básicos.
1. Los trabajadores autónomos son titulares de los derechos a:
a) Afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección, en los
términos establecidos en la legislación correspondiente.
b) Afiliarse y fundar asociaciones profesionales específicas de
trabajadores autónomos sin autorización previa.
c) Ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses
profesionales.
2. Las asociaciones de trabajadores autónomos son titulares de los
derechos de carácter colectivo a:
a) Constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de
asociaciones, con acuerdo expreso de sus órganos competentes. Asimismo,
podrán establecer los vínculos que consideren oportunos con organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales.
b) Concertar acuerdos de interés profesional para los trabajadores
autónomos económicamente dependientes afiliados en los términos previstos
en el artículo 13 de la presente Ley.
c) Ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de
los trabajadores autónomos.
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d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las
controversias colectivas de los trabajadores autónomos cuando esté
previsto en los acuerdos de interés profesional.
3. Las asociaciones representativas de trabajadores autónomos también
serán titulares de las facultades establecidas en el artículo 21.5 de la
presente Ley.
4. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los sindicatos en el
ejercicio del derecho a la libertad sindical, éstos gozarán, además, de
todos los derechos del apartado 2 de este artículo respecto de sus
trabajadores autónomos afiliados.
Artículo 20. Derecho de asociación profesional de los trabajadores
autónomos.
1. Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos se
constituirán y regirán por lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y sus normas de desarrollo,
con las especialidades previstas en la presente Ley.
2. Estas asociaciones, en cuya denominación y estatutos se hará referencia
a su especialidad subjetiva y de objetivos, tendrán por finalidad la
defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos y
funciones complementarias, pudiendo desarrollar cuantas actividades
lícitas vayan encaminadas a tal finalidad. En ningún caso podrán tener
ánimo de lucro. Las mismas gozarán de autonomía frente a las
Administraciones Públicas, así como frente a cualesquiera otros sujetos
públicos o privados.
3. Con independencia de lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, las
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos deberán inscribirse y
depositar sus estatutos en el registro especial de la oficina pública
establecida al efecto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de
la correspondiente Comunidad Autónoma, en el que la asociación desarrolle
principalmente su actividad. Tal registro será específico y diferenciado
del de cualesquiera otras organizaciones sindicales, empresariales o de
otra naturaleza que puedan ser objeto de registro por esa oficina pública.
4. Estas asociaciones podrán ser declaradas de utilidad pública conforme a
lo previsto en los artículos 32 a 36 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
5. Estas asociaciones profesionales sólo podrán ser suspendidas o
disueltas mediante resolución firme de la autoridad judicial fundada en
incumplimiento grave de las leyes.
Artículo 21. Determinación de la representatividad de las asociaciones de
trabajadores autónomos.
1. Sin perjuicio de la representación que ostentan de sus afiliados y a
los efectos de lo previsto en este artículo y el siguiente, tendrán la
consideración de asociaciones profesionales representativas de los
trabajadores autónomos aquéllas que, inscritas en el registro especial
establecido al efecto, demuestren una suficiente implantación en el ámbito
territorial en el que actúen. Dicha implantación habrá de acreditarse a
través de criterios objetivos de los que pueda deducirse la
representatividad de la asociación, entre ellos el grado de afiliación de
trabajadores autónomos a la asociación, el número de asociaciones con las
que se hayan firmado convenios o acuerdos de representación o de otra
naturaleza, los recursos humanos y materiales, los acuerdos de interés
profesional en los que hayan participado, la presencia de sedes
permanentes en su ámbito de actuación y cualesquiera otros criterios de
naturaleza similar y de carácter objetivo. Los citados criterios se
desarrollarán mediante una norma reglamentaria.
2. La condición de asociación representativa en el ámbito estatal será
declarada por un Consejo formado por funcionarios de la Administración
General del Estado y por expertos de reconocido prestigio, imparciales e
independientes. Reglamentariamente se determinará la composición de dicho
Consejo, que en todo caso estará integrado por un número impar de
miembros, no superior a cinco, así como sus funciones y procedimiento de
funcionamiento.
3. Las resoluciones dictadas por el Consejo a que se refiere el apartado
anterior serán directamente recurribles ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
4. La capacidad representativa reconocida en este artículo a las
asociaciones de trabajadores autónomos se podrá ejercer en el ámbito de
actuación territorial de la correspondiente asociación.
5. Las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y las
organizaciones sindicales más representativas, de conformidad con los
artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical, gozarán de una posición jurídica singular, que les otorga
capacidad jurídica para actuar en representación de los trabajadores
autónomos para:
a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones
Públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal o de Comunidad
Autónoma que la tengan prevista.
b) Ser consultadas cuando las Administraciones Públicas diseñen las
políticas públicas que incidan sobre el trabajo autónomo.
c) Gestionar programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos en
los términos previstos legalmente.
d) Cualquier otra función que se establezca legal o reglamentariamente.
Artículo 22. Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.
1. El Consejo Estatal del Trabajo Autónomo se constituye, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 42
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de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica
y profesional del trabajo autónomo.
2. Son funciones del Consejo:
a) Emitir su parecer con carácter facultativo sobre: 1.º Los anteproyectos de Leyes o proyectos de Reales Decretos que incidan
sobre el trabajo autónomo.
2.º El diseño de las políticas públicas de carácter estatal en materia de
trabajo autónomo.
3.º Cualesquiera otros asuntos que se sometan a consulta del mismo por el
Gobierno de la Nación o sus miembros.
b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de la Nación o de sus miembros, o
por propia iniciativa, estudios o informes relacionados con el ámbito de
sus competencias.
c) Elaborar su reglamento de funcionamiento interno.
d) Cualesquiera otras competencias que le sean atribuidas legal o
reglamentariamente.
3. El Consejo Estatal del Trabajo Autónomo estará compuesto por
representantes de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos
representativas cuyo ámbito de actuación sea intersectorial y estatal, por
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y por
representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de la asociación de Entidades Locales más representativa.
4. La Presidencia del Consejo corresponderá al Secretario General de
Empleo y, por delegación, al Director General de la Economía Social, del
Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.
5. Los créditos necesarios para su funcionamiento se consignarán en los
presupuestos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
6. Reglamentariamente se desarrollará la composición y régimen de
funcionamiento del Consejo.
TÍTULO IV
Protección social del trabajador autónomo Artículo 23. El derecho a la Seguridad Social.
1. De conformidad con el artículo 41 de la Constitución, las personas que
ejerzan una actividad profesional o económica por cuenta propia o autónoma
tendrán derecho al mantenimiento de un régimen público de Seguridad
Social, que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad. Las prestaciones
complementarias serán libres.
2. La protección de los trabajadores por cuenta propia o autónomos se
instrumentará a través de un único régimen, que se denominará Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, sin perjuicio de que algunos colectivos específicos de
trabajadores autónomos, en razón de su pertenencia a un determinado sector
económico, estén encuadrados en otros regímenes de la Seguridad Social.
Artículo 24. Afiliación a la Seguridad Social.
La afiliación al sistema de la Seguridad Social es obligatoria para los
trabajadores autónomos o por cuenta propia, y única para su vida
profesional, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes
que integran el sistema de Seguridad Social, así como de las demás
variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación.
Artículo 25. Cotización a la Seguridad Social.
1. La cotización es obligatoria en el Régimen Especial de Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en los términos
previstos en el artículo 15 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, y demás disposiciones de desarrollo.
2. La Ley podrá establecer bases de cotización diferenciadas para los
trabajadores autónomos económicamente dependientes.
3. La Ley podrá establecer reducciones o bonificaciones en las bases de
cotización o en las cuotas de Seguridad Social para determinados
colectivos de trabajadores autónomos en atención a sus características
personales o a las características profesionales de la actividad ejercida.
Artículo 26. Acción protectora.
1. La acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y conforme a
las condiciones legalmente previstas, comprenderá, en todo caso:
a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o
profesional y accidentes, sean o no de trabajo.
b) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal,
riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la
lactancia, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y
familiares por hijo a cargo.
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2. Las prestaciones de servicios sociales serán las establecidas
legalmente y en todo caso comprenderá las prestaciones en materia de
reeducación, de rehabilitación de personas con discapacidad, de asistencia
a la tercera edad y de recuperación profesional.
3. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes deberán
incorporar obligatoriamente, dentro del ámbito de la acción protectora de
la Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
4. Los poderes públicos promoverán políticas que incentiven la continuidad
en el ejercicio de la profesión, trabajo o actividad económica de los
trabajadores por cuenta propia, una vez cumplida la edad ordinaria de
jubilación. No obstante, en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o
penosa de la actividad ejercida, y en los términos que reglamentariamente
se establezcan, los trabajadores autónomos afectados que reúnan las
condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de jubilación,
con excepción de la relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación
anticipada, en los mismos supuestos y colectivos para los que esté
establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.
TÍTULO V
Fomento y promoción del trabajo autónomo Artículo 27. Política de fomento del trabajo autónomo.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo dirigidas al
establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por
cuenta propia.
2. Estas políticas se materializarán, en particular, en medidas dirigidas
a:
a) Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una
actividad económica o profesional por cuenta propia.
b) Facilitar y apoyar las diversas iniciativas de trabajo autónomo.
c) Establecer exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social.
d) Promover el espíritu y la cultura emprendedora.
e) Fomentar la formación y readaptación profesionales.
f) Proporcionar la información y asesoramiento técnico necesario.
g) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y
organizativa.
h) Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas
económicas y profesionales en el marco del trabajo autónomo.
3. La elaboración de esta política de fomento del trabajo autónomo tenderá
al logro de la efectividad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y prestará especial atención a los colectivos de personas
desfavorecidas o no suficientemente representadas, entre los cuales las
personas con discapacidad ocupan un lugar preferente.
Artículo 28. Formación profesional y asesoramiento técnico.
1. El fomento del trabajo autónomo se dirigirá especialmente a integrar
dentro del sistema educativo y, en particular, del sistema de formación
profesional la promoción del trabajo autónomo, a propiciar la formación y
readaptación profesionales de los trabajadores autónomos, facilitando su
acceso a los programas de formación profesional, que se orientarán a la
mejora de su capacitación profesional y al desarrollo de su capacidad
gerencial.
2. El fomento del trabajo autónomo también atenderá las necesidades de
información y asesoramiento técnico para su creación, consolidación y
renovación, promoviendo, a estos efectos, las fórmulas de comunicación y
cooperación entre autónomos.
Artículo 29. Apoyo financiero a las iniciativas económicas.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y en
el marco de los compromisos asumidos en la Unión Europea, adoptarán
programas de ayuda financiera a las iniciativas económicas de las personas
emprendedoras.
2. La elaboración de estos programas atenderá a la necesidad de tutela de
los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de
trabajo, a la garantía de la viabilidad futura de los proyectos
beneficiarios, así como a la exigencia de evaluación de los efectos de las
ayudas económicas sobre los objetivos propuestos.
3. Los poderes públicos favorecerán mediante una política fiscal adecuada
la promoción del trabajo autónomo.
Disposición adicional primera. Modificación del texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril.
El texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, queda modificado como sigue:
Uno. La letra p) del artículo 2 queda redactada del modo siguiente: "p) en relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente
individual como colectiva, de los trabajadores
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autónomos económicamente dependientes a los que se refiere la Ley del
Estatuto del Trabajador Autónomo."
Dos. Se introduce una nueva letra q) al artículo 2 con el contenido
siguiente: "q) respecto de cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por
normas con rango de Ley." Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 16 que queda redactado de la
siguiente manera: "2. Tendrán capacidad procesal los trabajadores mayores de dieciséis años
y menores de dieciocho respecto de los derechos e intereses legítimos
derivados de sus contratos de trabajo y de la relación de Seguridad Social
cuando legalmente no precisen para la celebración de dichos contratos
autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los
tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorización para contratar de sus
padres, tutores o persona o institución que los tenga a su cargo conforme
a la legislación laboral o la legislación civil o mercantil
respectivamente. Igualmente tendrán capacidad procesal los trabajadores
autónomos económicamente dependientes mayores de dieciséis años." Cuatro. Se añade un apartado 3 al artículo 17 que queda redactado de la
siguiente manera: "3. Las organizaciones de trabajadores autónomos tendrán legitimación para
la defensa de los acuerdos de interés profesional por ellas firmados." Cinco. Se da nueva redacción al artículo 63 que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 63. Será requisito previo para la tramitación del proceso el
intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o
ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante
los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se
refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, así como los acuerdos de interés profesional a los que se
refiere el artículo 13 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo." Disposición adicional segunda. Reducciones y bonificaciones en las
cotizaciones.
La Ley establecerá reducciones y bonificaciones en la cotización a la
Seguridad Social a favor de los siguientes colectivos de trabajadores
autónomos:
a) Quienes en función de otra actividad realizada coticen, sumando las
bases de cotización, por encima de la base máxima del Régimen General de
la Seguridad Social.
b) Los hijos de los trabajadores autónomos menores de 30 años que inicien
una labor también como trabajadores autónomos en la actividad económica de
la que es titular el padre o la madre.
c) Los trabajadores autónomos que se dediquen a la actividad de venta
ambulante o a la venta a domicilio.
Disposición adicional tercera. Cobertura de la incapacidad temporal y de
las contingencias profesionales en el Régimen de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomo.
1. A partir del día primero de enero del ejercicio siguiente a la entrada
en vigor de la presente Ley, los trabajadores por cuenta propia o
autónomos que no hayan optado por dar cobertura a las prestaciones de
incapacidad temporal, deberán llevarlo a cabo de forma obligatoria,
siempre que no tengan derecho a dicha prestación en razón de la actividad
realizada en otro Régimen de la Seguridad Social.
De igual forma, la anterior fecha se tomará para la entrada en vigor de la
obligatoriedad de cotización establecida en el punto 3 del artículo 26 de
la presente Ley.
2. Por el Gobierno se determinarán aquellas actividades profesionales
desarrolladas por trabajadores autónomos que presentan un mayor riesgo de
siniestralidad, en las que será obligatoria la cobertura de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
Disposición adicional cuarta. Prestación por cese de actividad.
El Gobierno, siempre que estén garantizados los principios de
contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a
las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos, propondrá a
las Cortes Generales la regulación de un sistema específico de protección
por cese de actividad para los mismos, en función de sus características
personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.
Disposición adicional quinta. Profesionales incorporados a Mutualidades de
Previsión social alternativas.
Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23, en los artículos 24 a 26 y
en el párrafo c), apartado 2 del artículo 27, así como en las
disposiciones adicionales segunda y tercera y en la disposición final
segunda de la presente Ley no serán de aplicación a los trabajadores por
cuenta propia o autónomos que, en los términos establecidos en la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de supervisión y
ordenación de los
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seguros privados, hayan optado u opten en el futuro por adscribirse a la
Mutualidad de Previsión Social que tenga constituida el Colegio
Profesional al que pertenezcan y que actúe como alternativa al Régimen
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
Disposición adicional sexta. Comunidades Autónomas.
A los efectos de lo previsto en el artículo 21.5 de esta Ley, las
Comunidades Autónomas determinarán la representatividad de las
asociaciones de trabajadores autónomos de acuerdo con los criterios a los
que se refiere el art. 21.1 de la misma y crearán, en su ámbito
territorial, el registro especial según lo dispuesto en el artículo 20.3
de la presente Ley.
Disposición transitoria única. Adaptación de estatutos y reconocimiento de
la personalidad jurídica de las asociaciones.
Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos constituidas en
aplicación de la legislación anterior y que gocen de personalidad jurídica
a la entrada en vigor de esta Ley, conservarán su reconocimiento a todos
los efectos, quedando automáticamente convalidadas.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley
deberán proceder a adaptar sus estatutos a lo previsto en ella, así como a
inscribirse en el registro previsto en la oficina pública establecida al
efecto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.
Disposición final primera. Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al
Estado conforme al artículo 149.1.5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª y 17.ª de la
Constitución.
Disposición final segunda. Desarrollo de derechos en materia de protección
social.
Con carácter progresivo se llevarán a cabo las medidas necesarias para
que, de acuerdo con los principios que inspiran esta Ley, se logre la
convergencia en aportaciones y derechos de los trabajadores autónomos en
relación con los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena
incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
Disposición final tercera. Habilitación al Gobierno.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación y desarrollo de la presente Ley en el ámbito de sus
competencias.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado".
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